Los sucesos del 3 de marzo de Vitoria aún nos estremecen pese al tiempo transcurrido; 36 años. Sobre todo nos interpela la impunidad con la que determinados agentes uniformados mantenían el régimen franquista y todo lo que quedaba de él.
Muchos son los estudios sobre esta tragedia, pero nada resume mejor lo que pasó que la conversación de los mandos policiales que ordenaron la actuación: “Después de tirar más de 1.000 tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, pues ya me contará (…) Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia (…). Aquí ha habido una masacre, cambio”.
Pedro María Martínez Ocio (27 años), Romualdo Barroso Chaparro (19 años), Francisco Aznar Clemente (17 años) José Castillo de Basa (32 años) y Bienvenido Pereda (30 años), los cinco obreros asesinados por la Policía Armada en esos sucesos ya no están con nosotros para contarlo. Para explicar lo que pasó en la iglesia de San Francisco de Asís. Pero los historiadores nos han acercado a la verdad histórica, de la mano de estudios que por fin han sustituido a las falsas versiones fabricadas por las autoridades de la época.
Releer estos días el informe del Instituto Valentín de Foronda sobre estos hechos y las actas de los debates de la comisión especial creada en la Cámara vasca en 2008 me reafirma, aún más, en la política de reconocimiento y reparación que hemos iniciado con las denominadas víctimas de abusos policiales. Y hemos dado pasos en ese reconocimiento partiendo siempre de los principios de prudencia, rigor y consenso que este asunto precisa. Es preciso que todos reconozcamos que los sufrimientos padecidos por las víctimas del terrorismo, las violaciones de derechos humanos que han sufrido, no han sido las únicas. Por eso es necesario ya iniciar un camino que reconozca lo sucedido y trate de reparar lo humanamente reparable.
Frente a las voces que critican la oportunidad del momento de la elaboración del decreto o que extienden la sospecha sobre supuestas equiparaciones entre víctimas, creemos que ha llegado el momento de cerrar el círculo de la memoria en este país. En realidad, las instituciones debemos admitir que llegamos tarde, muy tarde con unas víctimas que en su gran mayoría tienen como único delito el haber pasado por allí: un control de carretera, una manifestación obrera, salir de madrugada de una discoteca, asomarse a una ventana…
No podemos ni debemos postergar el reconocimiento y la reparación de estas víctimas injustamente discriminadas. Desde el primer minuto hemos negado con rotundidad esa apelación a la teoría de las dos violencias que interesadamente algunos pretenden colocar en el relato de la memoria de lo que aquí ha pasado. Este decreto no juzga a nadie, es un ejercicio de solidaridad y además legitima nuestro Estado de Derecho. Y a buen seguro contribuirá a sentar las bases de un futuro de convivencia en paz y libertad.
36 años después de los sucesos de Vitoria, en Euskadi no suenan ya las “Campanades a morts” de Lluis Llach. Nuestra banda sonora de la convivencia lleva en el pentagrama las notas de la Verdad, Justicia, Reparación y Memoria.
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