En el Parlamento Vasco nos ponemos bastante de acuerdo. No suele ser noticia, pero hay asuntos que se aprueban incluso por unanimidad. Y una de las cuestiones que más declaraciones conjuntas ha cosechado ha sido la referida a la defensa de unos medios de comunicación libres y el reconocimiento de su condición de garantes del derecho a la información que tienen los ciudadanos. Hemos considerado, de forma acertada, según mi parecer, que incluso las empresas privadas de información tienen una función pública.
Todos hemos suscrito declaraciones en las que mostrábamos nuestra preocupación por la precarización y deterioro de las condiciones laborales y profesionales del periodismo, por sus efectos sobre la calidad de la información y el riesgo de privar a los ciudadanos del derecho a recibir una información veraz y plural, así como a perder la función de control honesto y profesional que se espera de los medios en toda sociedad democrática. Estas cuestiones se han planteado cada vez que se han cerrado ediciones y corresponsalías de empresas privadas en Euskadi, decisiones que se han llevado por delante los empleos de decenas de profesionales.
Todos lo hemos suscrito. Pero, para algunos, hablar de la imprescindible función pública de los medios sólo vale para los medios privados y no para un servicio que pagamos todos los vascos con cargo a los Presupuestos. Cuando arrancó esta legislatura, con un Gobierno del PNV tan débil de apoyo, los socialistas consideramos que nuestra oposición no podía derivar en un bloqueo de la radiotelevisión pública, que depende totalmente de nuestro Parlamento. Dimos un voto de confianza a quien el Gobierno propuso para dirigirla, precisamente en coherencia con esas declaraciones en defensa del papel de los medios, y porque EITB tiene, por ley, encomendada la función de garantizar la pluralidad, la diversidad, los valores cívicos y democráticos, y el euskera.
Nada de eso pasó. La dirección de EITB pronto mostró sus preferencias y la falta de interés por la calidad del producto y por los profesionales que deben elaborarlo. Al parecer, según los rectores de la radio y la televisión públicas bastaba con gestionar lo que hay, fijar una agenda de contenidos que contentara a la mayoría nacionalista, prescindir de las opiniones la mayoría sindical y esperar, en caso de agujero económico, a que el Gobierno lo cubra con inyecciones de última hora que ya quisiera para sí el ciudadano que no llega a fin de mes.
Sin problema para solidarizarse con trabajadores despedidos en empresas privadas, PNV y EH-Bildu son sordos y ciegos ante el despido encubierto de empleados de EITB, lo que eufemísticamente llaman “crear puestos de trabajo”. La Consejera Cristina Uriarte reconoce en una respuesta parlamentaria remitida a mi compañero Mikel Unzalu que va a ahorrarse 1,6 millones de euros anuales con la amortización de 30 puestos de trabajo que, de facto, prevé la Oferta Pública de Empleo que está en marcha. Y nos habla para justificarse de una «gestión eficaz de los recursos».
Yo creía que cuando nos poníamos de acuerdo en el Parlamento era para fijar bases compartidas y seguir trabajando. Es evidente que a algunos sus incoherencias no les hacen perder el sueño. Centenares de vascos aspiran ahora legítimamente a un puesto en EITB, pero sea cual sea el esfuerzo que han realizado, la falta de rigor y de sensibilidad de la dirección, y también de PNV, EHBildu y LAB puede dejar ese futuro en el limbo. Un poco de insomnio sí les debería provocar.
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