En el Parlamento Vasco nos ponemos bastante de acuerdo. No suele ser noticia, pero hay asuntos que se aprueban incluso por unanimidad. Y una de las cuestiones que más declaraciones conjuntas ha cosechado ha sido la referida a la defensa de unos medios de comunicación libres y el reconocimiento de su condición de garantes del derecho a la información que tienen los ciudadanos. Hemos considerado, de forma acertada, según mi parecer, que incluso las empresas privadas de información tienen una función pública.
Todos hemos suscrito declaraciones en las que mostrábamos nuestra preocupación por la precarización y deterioro de las condiciones laborales y profesionales del periodismo, por sus efectos sobre la calidad de la información y el riesgo de privar a los ciudadanos del derecho a recibir una información veraz y plural, así como a perder la función de control honesto y profesional que se espera de los medios en toda sociedad democrática. Estas cuestiones se han planteado cada vez que se han cerrado ediciones y corresponsalías de empresas privadas en Euskadi, decisiones que se han llevado por delante los empleos de decenas de profesionales.
