Carmen Urruela, maestra en la prisión de Basauri, escribía el martes una carta en el diario El Correo reclamando a esta consejera, y por extensión al Gobierno Vasco, que ponga fecha a la transferencia del personal docente que trabaja en los centros penitenciarios de Euskadi; los únicos profesionales de todo el territorio español que no han sido transferidos a su comunidad autónoma. Quiero decirle que comprendo su hartazgo, y el del resto de maestros y maestras que desempeñan su labor en las cárceles vascas porque, efectivamente, soportan una situación anómala sin que durante años nadie haya movido un dedo para cambiarla.
Soy plenamente consciente de que detrás de esta transferencia hay personas como Carmen, y mi voluntad no es otra que mejorar sus condiciones de trabajo. Desgraciadamente, yo no puedo señalar la fecha del traspaso que ella me reclama con insistencia, porque no depende sólo de mí. Ni del Gobierno Vasco. Esta materia, como otras relacionadas con el desarrollo estatutario, es objeto de una negociación entre dos partes y sólo desde el acuerdo podremos culminarla con éxito. Si bastase únicamente con la voluntad de esta consejera, no tenga la menor duda de que la transferencia ya se habría producido.
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