Hay quienes pensamos que parte de los impuestos de los ciudadanos deben servir para garantizar su derecho a la información, a recibir información veraz, y a contar con unos medios públicos a los que accedan los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad. Algunos nos creemos que el artículo 20 de la Constitución forma parte realmente del núcleo de los derechos fundamentales, tal y como se recogió en el 78. Y porque nos lo creemos, defendemos que esos medios públicos cumplan su función, y lo hagan adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas, contando con la experiencia de sus profesionales y buscando siempre dar el servicio ciudadano que se les ha encomendado.

En los últimos meses, EITB está en el debate público y mediático. Hace casi un año, expliqué junto con mi compañero Mikel Unzalu las razones por las que desconfiábamos de una directora general que huía de los retos a los que se debía enfrentar. Desde esta misma ventana, el pasado mes de julio, alerté de los riesgos que veía en el ente. Entonces hablaba del “limbo” en el que se había dejado al ente. Hoy nos tememos que algunos lo han empujado al borde del abismo. Y nadie puede achacarnos ninguna utilización partidista ni electoralista de EITB. Nadie. Hemeroteca y videoteca nos avalan: estaba en nuestra agenda con el calendario electoral despejado. Pero menos aún nos puede acusar de nada un Gobierno que pretende diluir su responsabilidad, la que le atribuye la ley sobre propuestas de nombramientos y ceses, y descargarla sobre la oposición.
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