El 3 de julio fue declarado el “Día de la liberación fiscal”. Nombre sonoro, de fácil encaje en titulares, ampliamente difundido a través de los medios de comunicación: todo lo trabajado hasta ese día por un ciudadano medio se destinaba a impuestos, sólo a partir de esa jornada empezaba a irse al bolsillo del propio ciudadano. En un contexto económico como el actual, y en un ambiente de corrupción y negligencia en la gestión de los recursos, tuvo el impacto informativo deseado.
El estudio era de un think tank de nombre “Civismo”, una agrupación de pensadores y conformadores de opinión pública que defienden sin ambages un Estado mínimo, la privatización de los servicios públicos, y periódicamente airean el coste fiscal que tiene el mantenimiento de la sanidad o la educación. Nunca hablan del coste social que tiene que algunos no paguen nunca, o paguen menos de lo que deben. En Euskadi tenemos calculado el coste social del fraude fiscal. No lo hemos hecho los políticos. Lo han hecho los inspectores de Hacienda y catedráticos de prestigio como Ignacio Zubiri. Son 2.500 millones de euros que se dejan de recaudar cada año porque hay vascos que o no declaran lo que tienen o utilizan la ingeniería diseñada en costosos despechos para eludir su responsabilidad con la sociedad en la que viven.
Esos 2.500 millones de euros anuales son el presupuesto que cada año dedicamos en Euskadi a Educación.Tres cuartas partes de lo que invertimos en Sanidad. Cinco veces lo que empleamos en ayudas sociales. Si en nuestra Comunidad, en lo peor de la recesión, hemos conseguido sostener esos servicios a pesar de esa delincuencia tributaria, acabar con este fraude y hacer buen uso de toda nuestra capacidad de autogobierno nos habría permitido alejar el sufrimiento por el que pasan hoy tantos miles de conciudadanos.
De vez en cuando, desde las Diputaciones se convocan ruedas de prensa para dar cuenta del “afloramiento” de cantidades antes no declaradas. Son tan efectivas en los medios como los informes de Civismo. Pero tampoco concretan cuánto de ese dinero “aflorado” se traduce en recaudación, en multas, cuánto revierte en los recursos públicos disponibles. El parlamentario socialista Txarli Prieto pidió que los responsables forales de Hacienda lo explicaran en el Parlamento. La de Gipuzkoa acudió, pero no concretó. El de Álava se excusó para no ir. Y el de BIzkaia, sencillamente dijo que no tenía que dar explicaciones al Parlamento, ése en el que cada año decidimos dónde gastamos los impuestos de todos los vascos.
Después los socialistas situamos este asunto en el eje de nuestro acuerdo fiscal con el PNV. Cierto es que, aunque con cierta parsimonia, se llegó a un texto pactado entre las tres Haciendas y el Gobierno vasco para abordar esta cuestión y para interconectar los datos informáticos, para que nadie se escude en uno u otro territorio para eludir sus obligaciones. Al día siguiente de firmar este acuerdo, Álava se descolgó del mismo. El consejero Gatzagaetxebarria no dijo nada, y ahí seguimos. Sin saber qué se ha hecho nuevo, sin saber a cuántos delincuentes fiscales se ha localizado, sin conocer cuántos de los 2.500 millones que se defraudaban hasta ahora se han recuperado.
En ese acuerdo fiscal con el PNV nos comprometimos a unas reformas y a no promover nuevos cambios en esta legislatura, para dejar ver los efectos de las novedades introducidas. Pero los socialistas nos comprometimos con todo ese acuerdo. Si algún firmante no cumple parte de lo suscrito, habrá que revisar lo que cerramos hace un año. Lo que no puede ocurrir es que mientras se alientan informaciones sobre lo innecesario de pagar impuestos, mientras el Gobierno de España juega con la sostenibilidad del Estado de Bienestar subiendo o bajando impuestos según el calendario electoral, mientras algunos representantes institucionales alientan de forma temeraria sentimientos excluyentes hablando de un ínfimo fraude en ayudas sociales, en Euskadi sigamos sin noticias sobre el fraude fiscal.
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