La lectura de los periódicos nos sacude cada mañana. Leo algunos titulares: “La pobreza amenaza a 64.000 niños vascos pese al repunte de la economía”, “El CES alerta sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de la población joven”, “La desigualdad llegó para quedarse”, “El Constitucional avala los despidos sin indemnización tras un año de prácticas”.
Cada uno de ellos es un aldabonazo sobre nuestras conciencias. Nos hacen pensar en lo que hacemos mal y en lo mucho que tenemos que corregir. No pueden bastarnos informes y diagnósticos que, incluso con su dosis de autocrítica, como el último del consejero Aburto, no plantean medidas urgentes, radicales. “Vamos a estudiar, vamos a proponer, vamos a pedir la implicación de la ciudadanía, vamos a contar con el tercer sector”, señaló en una comparecencia para evaluar la pobreza y la exclusión, mientras el Lehendakari nos auguraba la Euskadi feliz del crecimiento, de creación de empleo… ¿Cómo es posible? ¿Qué empleo? ¿Por qué hoy ni con un trabajo algunos de nuestros vecinos no tienen garantizada una vida digna? ¿Por qué tantos miles no pueden ni pagar la luz? ¿Por qué nuestro Gobierno no hace nada urgente, haciendo uso de todas sus competencias, juntando a todas las Administraciones, para impedir que a un solo ciudadano le corten la luz, el agua, el gas?
Mi compañera Natalia Rojo llevó este asunto al Parlamento. Y los socialistas conseguimos sumar una mayoría de la Cámara para urgir al Gobierno a adoptar medidas que impidan que a nadie le dejen sin suministro energético por razones económicas sobrevenidas, y llevamos a los ayuntamientos para que en el ámbito de sus competencias, el suministro del agua, también actuaran. Desde el ámbito municipal, el eslabón más débil, se han ido tomando medidas. Y ¿el Gobierno vasco? Hasta cuatro veces les hemos preguntado desde febrero qué querían hacer, ya que el partido que les apoya, el PNV, era tan beligerante en el Congreso con este asunto.
Pero esta beligerancia se diluye en poco más de 300 kilómetros. Aquí tenemos un modelo ejemplar, una Renta de Garantía de Ingresos y unas AES que son la envidia mundial. Es el mismo sistema que cuestionan los representantes públicos de Vitoria o Sestao cuando, de forma radicalmente injusta, ponen en el ojo del huracán de la sospecha a personas por razón de su origen. Pensábamos que estos comportamientos eran cosa del pasado, pero algunos están empeñados en cosechar votos subrayando la diferencia. Pese a las apariencias, no hay interés por acabar con el fraude (podría exigirse esa beligerancia también para acabar con la estafa fiscal), sino interés propio a costa de provocar rechazo entre vecinos.
Hay responsables políticos que obvian la realidad con la que he comenzado este texto. Olvidan que con la mejor red de protección de nuestro entorno, 64.000 niños vascos están amenazados de pobreza, que los jóvenes no pueden tener un proyecto de vida autónomo. Algunos están dispuestos a olvidar que la desigualdad crece y se asienta, que los mayores con sus exiguas pensiones atienden a hijos y nietos, que hay una pobreza oculta, que los trabajadores son despedidos sin indemnización y recontratados a mitad de precio y sin derechos. Y este olvido conduce a que nuestra sociedad sea más pobre. No sólo por desalmadas troikas de la desalmada Europa, que dice el Lehendakari. Resulta ineludible ver la realidad que se está asentando mientras una parte de los representantes de los ciudadanos siguen ideando la Euskadi de las banderas y ocultando la de las personas, las mismas que este julio no piensan en sus vacaciones, sino en dar de comer a sus hijos.
Si crece la recaudación de las Diputaciones, habrá que decir que algo tendrá que ver que los socialistas hayamos forzado al PNV a una reforma fiscal. ¿Qué haremos con esos recursos que superan las previsiones? Urge actuar. Urge escuchar a Cáritas, a Cruz Roja, a Unicef, al Banco de Alimentos, a aquellos que están alimentando en este verano a quienes les han cerrado los colegios donde comen el resto del año. Y nos dirán que no hay recursos para todos. Nos lo dicen quienes dirigen una sociedad en la que los ciudadanos muestran una generosidad y una solidaridad que hacen posible que esa pobreza y esa desigualdad no nos estallen en la cara. Si a los ciudadanos les decimos que, en lugar de caridad, queremos que su esfuerzo personal sea transformado por nuestros Gobiernos, a través de los impuestos, en verdadera justicia social, estoy segura de que contaremos con su plena colaboración.
Por eso, ahora que nos auguran que crece la riqueza global, aunque decrece la particular; ahora que nos dicen que PIB, el índice de Actividad Industrial, empleo y otros indicadores apuntan hacia arriba; ahora que nos cuentan esto, a los que estamos en las instituciones nos corresponde actuar. Ha llegado el momento de revisar nuestras prioridades. Si crecen los recursos, esa disponibilidad presupuestaria habrá que reorientarla. Si las cosas van mejor de lo que nos dijeron, debe ser mejor para todos. Si venimos de Presupuestos de ajuste y sufrimiento, habrá que pensar en Presupuestos de solidaridad y cohesión. Habrá que hacerlo. Si las portadas de los periódicos y las ONG nos sacuden las conciencias, habrá que sacudir también los Presupuestos.
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