La protección social no es un gasto

En Euskadi no tenemos un problema. Tenemos miles de problemas.

Los que están viviendo día a día decenas de miles personas que, simplemente, no pueden atender por si mismas sus necesidades más elementales.

Son los problemas de los 170.000 parados.

Son los problemas de 360.000 personas en riesgo de exclusión social.

Tras siete años de dolorosa crisis, algunos se conforman con alguna décima de crecimiento del PIB o con que los bancos hayan superado sus peores momentos, en muchos casos tras multimilmillonarias ayudas públicas.

Y está bien que los indicadores económicos mejoren, como está bien que nuestros bancos estén más saneados. Pero no supone más que el destello con el que se quiere distraer la vista de lo importante.

Nuestro reto más inmediato es recuperar a las personas, a las familias. Con ese fin hoy hemos celebrado en el Parlamento Vasco un Pleno Monográfico sobre Paro y Pobreza.

Ha sido una sesión interesante. Que ha servido para

hacer un diagnóstico sobre la situación de muchos ciudadanos vascos. Y a la que los Socialistas Vascos hemos acudido con un buen puñado de propuestas bajo el brazo.

  • Propuestas para incentivar el empleo y la formación,
  • Para propiciar desde las instituciones que ese empleo sea de calidad,
  • Para reforzar mediante el empleo público la calidad de nuestros servicios esenciales,
  • Para atender las emergencias de muchos hogares.
  • También para empezar a poner piedras para el futuro y atajar las desigualdad brutal que se está instalando ya en Euskadi.

En este sentido, he propuesto la creación de un Fondo Interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de servicios sociales y de inclusión.

Tenemos que superar el debate de las ayudas y sus beneficiarios y afrontar ya la consolidación del Estado de Bienestar. No improvisar nuevas tasas para pagar la atención a dependientes

Lo que hace falta, en lugar de lanzar globos sonda, es la aún pendiente Ley del Sector Social, desarrollar las de la RGI y Lanbide, y definir con concreción la carta de derechos sociales.

Porque los vascos tienen derecho a un empleo y un sueldo que les permita vivir con dignidad. Los vascos tienen derecho a una sanidad y una educación de calidad. Tienen derecho a una vivienda que puedan pagar. Los vascos tienen estos derechos y, cuando las instituciones no son capaces de garantizarlos, ponemos en marcha instrumentos de solidaridad, como la fiscalidad.

Éste tiene que ser nuestro punto de partida. Porque en ocasiones algunos, de tanto ensalzar nuestro modelo de protección, olvidan que no alcanza a todos y que aquí, en Euskadi, en miles de hogares falta lo elemental. Y otros proclaman su defensa del sistema público pasando por alto que han sido los promotores de este descalabro social.

Los Socialistas no queremos debates de reparto de las sobras. Queremos un debate de derechos para todos.

Porque para nosotros la protección social no es gasto. Es inversión. Según un estudio del profesor Ignacio Zubiri, las políticas sociales tienen un efecto multiplicador, porque se traducen en rentas que se consumen en el propio territorio.

Pero más allá del debate, más allá de las resoluciones discutidas y aprobadas, me quiero quedar con una cuestión de principios.

En Euskadi tenemos una Sanidad, una Educación y un sistema de pensiones universalizados; tenemos una buena base de políticas de protección social; tenemos una economía que ha generado riqueza y bienestar para todos. Y estoy convencida de que todo eso es sostenible.

Lo es si todos los que hemos decidido construir una vida en Euskadi asumimos compromisos individuales y colectivos. Un contrato en el que definimos qué es lo que cada uno debe aportar a la comunidad y qué es lo que los poderes públicos deben garantizar a cada individuo.

A los responsables políticos nos corresponde buscar soluciones, y no crear problemas. Nos corresponde buscar la mayor eficacia de nuestra Administración y de nuestros recursos sociales. Nos corresponde implicar a los ciudadanos en ese sentido del bien público. Y nos corresponde hacer una evaluación permanente de la eficacia de la gestión, fijarnos plazos, objetivos y analizar de forma periódica si han sido útiles.

No es una responsabilidad menor. Pero yo me comprometo a ella.

 

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