Hay quienes pensamos que parte de los impuestos de los ciudadanos deben servir para garantizar su derecho a la información, a recibir información veraz, y a contar con unos medios públicos a los que accedan los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad. Algunos nos creemos que el artículo 20 de la Constitución forma parte realmente del núcleo de los derechos fundamentales, tal y como se recogió en el 78. Y porque nos lo creemos, defendemos que esos medios públicos cumplan su función, y lo hagan adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas, contando con la experiencia de sus profesionales y buscando siempre dar el servicio ciudadano que se les ha encomendado.
En los últimos meses, EITB está en el debate público y mediático. Hace casi un año, expliqué junto con mi compañero Mikel Unzalu las razones por las que desconfiábamos de una directora general que huía de los retos a los que se debía enfrentar. Desde esta misma ventana, el pasado mes de julio, alerté de los riesgos que veía en el ente. Entonces hablaba del “limbo” en el que se había dejado al ente. Hoy nos tememos que algunos lo han empujado al borde del abismo. Y nadie puede achacarnos ninguna utilización partidista ni electoralista de EITB. Nadie. Hemeroteca y videoteca nos avalan: estaba en nuestra agenda con el calendario electoral despejado. Pero menos aún nos puede acusar de nada un Gobierno que pretende diluir su responsabilidad, la que le atribuye la ley sobre propuestas de nombramientos y ceses, y descargarla sobre la oposición.
EITB tiene un problema, sólo uno: que quien ha propuesto la actual dirección y mantiene su confianza en la misma ha decidido pasar la legislatura sin abordar ninguna reflexión estructural sobre lo que necesita este país, tampoco en lo referido a la radiotelevisión pública. Y si el Gobierno no es capaz de abordar un plan estratégico que adapte el empleo público a las nuevas necesidades de los ciudadanos y a las nuevas capacidades que se ponen a su alcance, si el Gobierno es incapaz de planificar un puente profesional en la Administración pública que garantice el relevo generacional en la prestación de esos servicios a los ciudadanos, no se le puede a pedir a la directora general de EITB que demuestre mayor osadía.
La dirección general de EITB, como este Gobierno, no cree en los empleados públicos. No cree en los profesionales; por eso prescinde de ellos mediante un ERE expeditivo sin reflexiones intermedias. No cree en la razón de ser genuina del ente, como es prestar un servicio al conjunto de los ciudadanos; por eso maquilla los datos de audiencia pretendiendo hacer olvidar que décima a décima, mil a mil, la sociedad vasca huye de sus televisiones. No cree en la pluralidad; por eso elige a algunos contertulios de forma tan arbitraria que incluso son capaces de ensalzar cualidades de terroristas sin que a la directora le quepa más justificación que la libertad de expresión y pase por alto la humillación que causa a las víctimas. La dirección general no cree en la industria audiovisual vasca; por eso tiene una confusa política de contrataciones de productoras que no fortalece el sector.
Los Socialistas Vascos mantenemos abierta una amplia reflexión sobre la radio y la televisión que con mayor acierto y eficacia pueden atraer a los vascos y a las vascas de cualquier edad. Una radiotelevisión que tenga en cuenta que desde su creación hasta hoy cuenta con mucho más público que requiere este servicio en euskera y que, sin embargo, escapa de la oferta que le proponen. Una televisión que va dejando de consumirse ya en el salón de casa con la familia y se ve en el teléfono móvil y en el ordenador. Una radio que no ha dejado de acompañarnos pero que necesita de profesionales no sólo competentes, sino seguros de que su trabajo no será tirado por la borda de un barco que no sabe guiar su capitán. A falta de iniciativa y a exceso de conformismo por parte de este Gobierno, seguiremos trabajando allí donde estamos para impedir que esta dirección y este Gobierno arruinen otro de los orgullos de nuestro autogobierno y otro de los derechos constitucionales, el de que los ciudadanos tengan garantizada acceso a información veraz y plural.
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