En mis siete meses como secretaria general he insistido en dos ideas: que estamos en riesgo de que se consoliden las desigualdades y la precarización, y que debemos escuchar lo que nos dicen los ciudadanos. Hoy quiero volver a hacer las dos cosas: hablar de esa pérdida de derechos, y atender el testimonio directo de un ciudadano. Es público, se difundió en una revista semanal de amplia difusión en toda España, y corresponde a un vecino de Vitoria-Gasteiz que decía: “He caído en la casilla de las cincuenta horas semanales por 800 euros, en la de cuatro horas aseguradas al día trabajando ocho y cobrando por debajo del llamado sueldo digno. He saltado de entrevista en entrevista y, a pesar de aceptar las nuevas reglas del juego, no he conseguido ganar ninguna partida todavía. Estoy verdaderamente desilusionado, confundido y muy enfadado con este nuevo tablero; todo lo que luchamos para mejorarlo lo han destruido con la excusa de que vivimos por encima de nuestras posibilidades”.

La desesperanza de este gasteiztarra es la misma que me transmiten muchas de las personas con las que me vengo reuniendo los últimos meses. Es la misma que me trasladan las organizaciones sociales que atienden a estas personas que peor lo están pasando. Es la misma desesperanza que percibí en esas trabajadoras del comercio de Álava que me contaban hace unas fechas que tienen contratos de seis horas a la semana pero distribuidas a demanda de su empleador que en cualquier momento les puede cambiar el día o el turno de trabajo, lo que les impide completar esa miseria de salario con otro empleo, o formarse, o planificar la atención a sus familias.

Son ejemplos que, sumados, nos muestran la otra cara de unos datos económicos y sociales que los Gobiernos de Rajoy y Urkullu no quieren reconocer, pero que nos muestran con crudeza que en Euskadi vivimos una realidad social muy alejada del “oasis vasco” que algunos quieren presentarnos.
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