El verano permite un saludable paréntesis que, en política, algunos pretenden convertir en borrón y cuenta nueva, a ver si hay suerte y tanto sol en la cabeza hace olvidadizas algunas mentes. Tengo que reconocer tanto el empeño del Gobierno en la actividad propagandística para seguir anunciando planes y leyes, como su capacidad para obviar que necesita un respaldo parlamentario que le cuesta ganarse.
Anuncian la Ley de Formación Profesional, con lamentable retraso acumulado y sin que se haya desarrollado la de Aprendizaje a lo largo de la vida que, a iniciativa socialista, ya se aprobó en el primer año de legislatura. Anuncian la Ley de Turismo, que la Cámara aprobará en primavera, a pesar de los serios reparos que se le plantean desde otras instituciones. Anuncian la Ley reguladora de actividades deportivas ¡que se aprobará el 15 de diciembre por unanimidad, ni más ni menos!… Estas cosas hemos venido leyendo en las últimas semanas. Una de dos. O las fuentes del Gobierno siempre informantes desconocen que las leyes las aprueba el Parlamento, lo cual es grave desde la responsabilidad institucional; o pretenden transmitir información engañosa, lo cual, aparte de estar feo, contraviene el propio Código Ético.
No cuestiono ni la importancia ni la oportunidad de las iniciativas que se publicitan. Pero lo cierto es que, a falta de un año de que se acabe este mandato, el Parlamento ha aprobado 15 leyes, aparte de dos de las tres presupuestarias, y sólo la quinta parte lo eran a iniciativa del Gobierno. Y lo cierto es que, del resto de las aprobadas, la mitad llevan el impulso socialista y en la otra mitad, salvo la derogación del día de Euskadi y la de custodia compartida, han contado con el trabajo y aportación de nuestro grupo. Como es igual de cierto que en este momento hay 19 leyes en tramitación, de las cuales la mitad corresponden a remitidas por el Ejecutivo sin que éste se haya dado prisa en enviarlas o, en su caso, en darles cauce para aprobarlas.
Es un recordatorio para olvidadizos, o para quienes apuesten por la amnesia como estrategia política. Un recordatorio útil para quienes pretenden hacer creer que los acuerdos suscritos para resolver los problemas concretos de los ciudadanos son patente de corso para acabar la legislatura surfeando hasta la orilla. El Gobierno está en minoría y debe trabajarse los consensos si no quiere que la tabla se le parta en dos un día de mar revuelta.
Y sabe el Gobierno que la mar se le revuelve con una oposición contundente. La que propone y controla. La que lideramos los socialistas, con más de la mitad de la actividad parlamentaria a nuestras espaldas y con una labor de tejer acuerdos que conocen bien todos los grupos. La que le fuerza a devolver al cajón presupuestos de tijeras de derechos sociales o proyectos de transparencia poco convincentes. La que propone respuestas para el empleo, para compensar el repago farmacéutico, para los atrapados en las preferentes, para quienes no pueden pagar sus facturas de luz o gas, para quienes no disponen de una vivienda. Y la que pregunta por cada euro, aunque esto le haya molestado a algún dirigente del PNV. Tal vez otra mente olvidadiza que no recuerda que preguntando por determinados gastos (yo misma lo hice en su día) supimos que se estaba pagando indebidamente a un grupo de comunicación por publicar informaciones favorables a los intereses del Gobierno. Y a esa curiosidad por cómo se gastaban determinados euros se sumaron los demás grupos, hasta que el propio lehendakari hubo de admitir el error. Por cierto, nada sabemos de qué va a hacer por recuperar esos cobros indebidos, como se le pidió por el Parlamento y como ya se ha querido recuperar de quienes involuntariamente los recibieron a través de la RGI.
Así que esto de la iniciativa legislativa no es un campo para la propaganda, como parece entender el Gobierno. Se autoimpuso un calendario que es evidente que no ha cumplido. Y la última actualización, la que remitió a finales de julio a hurtadillas al Parlamento después de que mi grupo le reprochara que no lo hiciera, no ha querido hasta la fecha darla a conocer a todos los ciudadanos. No informó de ella el día en el que, fuera del orden del día, fuera del dossier que ofrece a los informadores, y fuera de cualquier conocimiento público, el Consejo de Gobierno dio por buena una propuesta que, por otra parte, no hace más que poner nuevas fechas a lo ya corregido con anterioridad e incluir las leyes de Transparencia y del Sector Público vasco que los socialistas le hemos exigido que remita al inicio del próximo periodo de sesiones.
En unos días el Gobierno va a celebrar su primera reunión tras el paréntesis veraniego. Lo que esperamos no es un catálogo de buenas intenciones. Lo que corresponde a un Gobierno cuando va a abordar su último año de actuación es cerrar asuntos, no abrir nuevos con el fin de llenar páginas de periódicos. Y para cerrar asuntos, debe zanjar los conflictos abiertos con diversos colectivos del sector público, desarrollar los acuerdos firmados en la mesa de diálogo social, defender y reglamentar la ley de vivienda, cumplir las resoluciones sobre paro y pobreza que aprobamos el pasado otoño, preparar unos presupuestos que refuercen nuestra sanidad y nuestra educación públicas y que hagan una apuesta decidida por el empleo digno y de calidad.
Son muchas tareas, y le corresponde darles prioridad. Arrojar ahora al Parlamento las leyes no trabajadas en los tres años anteriores sin gestar acuerdos y sin fijar horizontes puede ser efectista, pero no resuelve problemas, que es a lo que nos seguiremos dedicando los socialistas. A no ser que este Gobierno quiera finalizar al estilo de Rajoy, precipitando decisiones parlamentarias en el último minuto. Pero hay alguna diferencia. Una es que el PNV en Madrid critica esta actitud. Otra que Urkullu no tiene mayoría absoluta para imponerla. Por si a alguien se le había olvidado.
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