Cuando vascos de diferentes sentimientos se unieron hace 80 años por primera vez en la historia para atender las “necesidades concretas y terminantes del pueblo vasco allí donde se encuentre”, en palabras del lehendakari Aguirre, un socialista se puso al frente de la cartera de Trabajo para garantizar, incluso en tiempos de guerra, los sueldos de los obreros y sus seguros sociales, los subsidios de paro, las pensiones de los mayores, y fomentar el diálogo social, entre otras cosas, como nos recuerda la Fundación que lleva el nombre de aquel primer consejero, Juan de los Toyos.
Cuando en 1978 vascos de diferentes sentimientos se unieron para organizar el Consejo General Vasco, para “que todo aquel que vive en nuestro país, haya nacido o no en él, pueda sentirse protegido”, en palabras del lehendakari Rubial, un consejero socialista, Juan Iglesias, siguió haciéndose cargo de la cartera de Trabajo, de la que se ocupaba en el Gobierno en el exilio. Desde allí peleó por asumir competencias, antes incluso del Estatuto, en materia laboral, para proteger a los trabajadores y defender sus derechos.
Cuando en 2016 vascos y vascas de diferentes sentimientos nos volvimos a unir para proponer un proyecto compartido de presente y futuro para Euskadi, los socialistas propusimos al lehendakari Urkullu recuperar una cartera específica de Trabajo que, junto a Justicia, volcara todos sus esfuerzos en proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras que habían sido duramente laminados con la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Porque habíamos dicho que no bastaba con denunciar lo que otros hacían, sino exprimir hasta la última de nuestras competencias para ese proyecto social que nos demanda una amplia mayoría de ciudadanos.
Y ya habíamos estado avisando de cuál era una de las posibilidades. Los socialistas, gobernando en solitario el país, conseguimos, porque nos parecía prioritario como les pareció a quienes nos precedieron, la transferencia de la Inspección de Trabajo. Aquel acuerdo político al final del mandato, sin embargo, no había logrado traducirse en una actuación clara en el uso de esas competencias recién asumidas. Por eso reclamamos que se aprovechara esta mayor capacidad de protección de nuestros trabajadores para hacer planes de inspección que fuesen a combatir, precisamente, aquello que denunciábamos. Lo reclamamos en el Parlamento, fue una de nuestras aportaciones expresas en una sesión monográfica sobre paro y pobreza de 2014 e insistimos en el debate de Política General de 2015.
Si ésta era una de nuestras prioridades desde la oposición, y un compromiso expreso que adoptamos con los ciudadanos en las últimas elecciones, una de nuestras primeras actuaciones desde la responsabilidad de Gobierno ha sido, precisamente y desde una cartera socialista, la de actuar de forma inmediata contra estas nuevas formas de precariedad. No se trata de generar un estado de opinión en el que parezca que las empresas defraudan. No. Los contratos a tiempo parcial son necesarios en muchas actividades económicas, como lo son los autónomos o los eventuales. Pero hay que poner coto a quienes utilizan esas posibilidades para desproteger a nuestros trabajadores. Como en 1936, como en 1978, en 2017 una consejera socialista, María Jesús San José vuelca sus esfuerzos en defender los derechos laborales.
Y lo hace con nuestras competencias. Estamos en vísperas de abrir de nuevo un debate sobre el autogobierno de Euskadi. Hay quien claramente sólo quiere hablar del autogobierno futuro. Los socialistas queremos hablar del futuro y del presente. Y queremos hablar de derechos sociales, no de derechos nacionales. Sabemos que estos últimos, a los que aspira una parte de la sociedad a la que representan algunos partidos, van a centrar la atención mediática. Sabemos que hay quienes ante cualquier conflicto laboral, ante una lista de espera o ante la precariedad laboral sólo ofrecen como solución la soberanía. El Departamento de Trabajo acaba de demostrar que no, que hay que saber usar nuestras competencias y tener una decisión política de hacerlo y una vocación social de servir a los ciudadanos.
Pero en cualquier caso, sabemos que ese debate se va a dar. Que en esta ponencia veremos a quienes se centran en esos derechos nacionales y quienes nos vamos a empeñar en que el futuro autogobierno tiene que ser como el presente y el pasado: de grandes consensos, por procedimientos legales, con seguridad jurídica para que nadie impida la decisión compartida de esta sociedad de los ciudadanos y ciudadanas nacionalistas y no nacionalistas, que quieren unos servicios públicos y unos derechos sociales garantizados por el Gobierno de Euskadi.
Los socialistas no rehuiremos ningún debate. Ya lo hemos dicho y escrito. Pero tenemos la convicción de que reclamar más autogobierno no es sólo reclamar más competencias, sino reclamar a quien gobierna que utilice todas sus competencias. Y ahí quienes representan al PSE-EE en el Gobierno ya están demostrando que saben hacerlo. Quienes representamos al PSE-EE en el Parlamento vamos a centrarnos en una primera fase de culminar el traspaso de todo lo aún pendiente, para que nuestro presente sea aún más solidario, y después abordaremos cómo debe ser en el futuro. A los socialistas se nos encontrará en los acuerdos que avancen en la profundización del carácter social y útil que ha caracterizado el autogobierno vasco que hemos contribuido a construir desde 1936. Para atender las necesidades concretas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Para que quien vive en nuestro país, haya nacido o no aquí, pueda sentirse protegido.
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