Accountability

Accountability

Una traducción literal de “accountability” sería “responsabilidad”. Una más ajustada es la que va más allá de la exigencia de cumplir con un trabajo o una función de forma adecuada, y tiene que ver con la rendición de cuentas. Y ésta tiene que ser una marca de agua de todas las políticas públicas. Con ese afán es con el que los grupos parlamentarios de PSE-EE y PNV hemos planteado la proposición de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que recoge todo aquello que ya habíamos impulsado desde el Gobierno socialista y que seguimos impulsando desde la oposición en los cuatro años siguientes. Ahora se han atendido aquellas consideraciones y compartimos una ambiciosa propuesta de transparencia radical. Pasamos de hablar de iniciativas de las administraciones a garantizar los derechos ciudadanos a la información y participación.

Porque tenemos que superar miedos, y tenemos que dejar atrás definitivamente las viejas tentaciones de distribuir a cuentagotas los datos de los que disponen las distintas Administraciones. Más cuando la tecnología, la generalización del acceso a fuentes alternativas, curiosear por cualquier navegador, participar en redes sociales, ha quebrado ese concepto. Información sigue siendo poder, claro. Pero ya es el poder de los ciudadanos. Y ya no basta con HABLAR de transparencia. Hay que SER radicalmente transparente.

Pero no es sólo una cuestión de rendirse a la evidencia. Para los socialistas es una cuestión de convicción política profunda. Hace dos legislaturas en Euskadi se inició una experiencia desconocida. El Gobierno de Patxi López aprobó el primer Código Ético, que establecía las obligaciones del comportamiento de todas aquellas personas que asumían responsabilidades públicas dependientes de ese Ejecutivo. A ello se añadió una web abierta de información, Irekia, dando cauce a la participación ciudadana, que permitía interesarse directamente por cada asunto que cualquier vasco o vasca considerara oportuno y ante el cargo público que decidiera. Se publicitaron las condiciones para la contratación pública. Se abrieron los datos en manos del Gobierno para su reutilización pública, con Open Data… Y con todo ello, Euskadi logró en 2012 la máxima puntuación de transparencia internacional. Esas prácticas han sido asumidas por los gobiernos posteriores. Pero quedaba algo más. Quedaba saltar de esa exposición de herramientas de transparencia a la radicalidad a la que me refería.

Y lo queremos hacer desde un concepto que nos parece especialmente relevante: la publicidad activa, que supone la obligación de los sujetos concernidos por esta Ley de hacer pública, por propia iniciativa de manera periódica y actualizada, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública. No hay que esperar a que se pida la información, no. Hay que ofrecerla, hay que evaluarla y hay que explicarla, y hay que hacerlo con un lenguaje claro.

Ya no queda a decisión del Gobierno si presenta o no un programa o un calendario legislativo, práctica que recuperamos también hace dos legislaturas y luego se ha mantenido. Será obligatorio presentarlo, actualizarlo y evaluarlo. No sólo eso. También existe esa obligación para la actividad de sus órganos consultivos y de participación, los planes de recursos humanos, los procesos selectivos o el gasto público en campañas publicitarias entre otros.

Como tampoco habrá excusas para otras instancias directamente o indirectamente dependientes de lo público. Esta norma afectará a los tres niveles institucionales, a todos los entes que de ellos dependen y será clave “para afrontar la modernización de las administraciones públicas” y a todas las instancias que interactúan con las administraciones públicas, como son los centros educativos y de salud concertados, o entes privados que reciben más de un 40% de su financiación desde el erario público. Igualmente se prevé la publicación de todas las subvenciones que se otorguen, también las de los grupos de interés, que deberán estar inscritos en un “Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos”. Y añadimos un exigente régimen sancionador, de forma que la garantía de esos derechos ciudadanos a la información y la participación se sitúen en el máximo nivel de exigencia.

Nuestra vocación es que se pueda seguir el rastro de cada euro que los ciudadanos dejan en manos de las Administraciones a través de sus impuestos hasta que ese euro vuelve al propio ciudadano, sea en forma de prestación de servicios públicos, de ayudas diversas, de becas… El único límite que debe haber es el de la protección de datos que afecten a la intimidad, que puedan ser utilizado con fines comerciales, o que pudieran ser utilizados para discriminaciones de las más diversas.

Estoy convencida de que será posible tramitar esta ley sin grandes problemas. En la pasada legislatura me correspondió proponer e impulsar la ley reguladora de cargos públicos y conflicto de intereses, y conseguimos sortear las dudas y reticencias de otros grupos. Hoy nadie cuestiona aquella Ley. Y eso esperamos con este texto, que los socialistas planteamos desde la profunda convicción de que una Administración del siglo XXI no se entiende sin sentido de la responsabilidad y sin rendición de cuentas.

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